Read in English: “Archives Against Impunity“
Por María José Calderón
INTRODUCCIÓN
El trabajo de la Vicaría de la Solidaridad es histórico, como ha señalado el periodista John Dinges, quien se desempeñó como corresponsal de prensa en Chile para el Washington Post y otros medios de comunicación durante la década de 1970:
“En la historia de los derechos humanos, este es un evento monumental. Es la primera vez que hubo un esfuerzo sistemático para recoger los testimonios de las víctimas mientras la represión estaba en marcha. Lo grandioso es que no sólo documentaron a los desaparecidos y asesinados, sino que lo hicieron de manera que mantuvieron el anonimato de todos los que les proporcionaron información. La evidencia se recopiló de manera que no se revelara la identidad de quienes proporcionaron información a los abogados”.[1]
En las semanas posteriores al violento golpe militar de 1973 liderado por el General Augusto Pinochet,[2] el Cardenal Raúl Silva Henríquez, valientemente denunció las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo y creó el Comité Pro Paz para apoyar a las víctimas de la represión. Más tarde, el Comité se convertiría en la Vicaría de la Solidaridad (a menudo llamada simplemente la Vicaría).
Álvaro Varela Walker, formó parte del equipo legal desde sus inicios. Fue reclutado por José Zalaquett,[3] quien lideraba el equipo jurídico. Su trabajo inspiró la serie de ficción “Los Archivos del Cardenal”, que se transmitió por el canal nacional de Chile (TVN) en el año 2001.[4] El personaje principal de la serie es el abogado Ramón Sarmiento, interpretado por el actor Benjamín Vicuña, quien a su vez comentó que su inspiración para desarrollar al personaje de Sarmiento fue Álvaro Varela.
Varela y sus colegas en el Comité y luego en la Vicaría, registraron laboriosamente los desgarradores detalles entregados por familiares y testigos sobre el momento en que una persona era secuestrada y llevada por agentes del Estado, civiles o militares. ¿Dónde y cuándo ocurrió el arresto? ¿Qué ropa llevaba puesta la víctima? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? ¿Qué insignias se podían ver en los uniformes (si llevaban uniforme) de quienes realizaron el secuestro?
También presentaron miles de recursos de amparo (hábeas corpus) en los tribunales, en un intento por descubrir dónde habían sido llevados los prisioneros, muchos de ellos secuestrados durante la noche desde sus hogares, a menudo sin volver a aparecer.
Tal como Varela relata en la siguiente entrevista, él y otros que trabajaban para documentar la represión se convirtieron también en víctimas. Algunos (incluidos sacerdotes), fueron arrestados, torturados y exiliados.[5] Varela fue secuestrado desde su casa en medio de la noche, torturado y brevemente encarcelado, pero nunca dejó de trabajar en nombre de las víctimas de la represión del General Pinochet.
Varela presentó recursos de amparo para, entre muchas otras personas, su querida amiga y compañera de clase en la escuela de derecho, Cecilia Castro Salvadores, y su esposo Juan Carlos Rodríguez, cuyos casos fueron parte del documental El Juez y el General. Sus cuerpos nunca han sido encontrados, pero la información recopilada por Varela y sus compañeos de trabajo ayudó a poner tras las rejas a los culpables de las muertes de Cecilia y Juan Carlos.
El Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad crearon un archivo público sin precedentes de fotografías y materiales escritos que han proporcionado pruebas cruciales para la mayoría de los casos de derechos humanos presentados en los tribunales chilenos antes y después del retorno a la democracia. El archivo ha desempeñado un papel crucial en la prisión de los torturadores y asesinos del régimen de Pinochet. La documentación recopilada también fue trascendental para el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, también conocida como “Comisión Valech”, un organismo chileno que se formó en el año 2003 y que fue presidido por un ex-vicario de la Vicaría de la Solidaridad, monseñor Sergio Valech. La comisión investigó y elaboró un informe sobre la magnitud de las violaciones a los derechos humanos y la identidad de las víctimas de detenciones y torturas por razones políticas a manos de agentes del Estado entre 1973 y el retorno a la democracia en 1990.[6]
En 2017, la Fundación del Archivo fue declarada Monumento Histórico (MH) por el Consejo de Monumentos Nacionales,[7] convirtiéndose en una fuente histórica especialmente notable que documenta las violaciones de derechos humanos cometidas en Chile.
En mayo de 2006, la periodista y productora documental chilena Nancy Guzmán entrevistó a Álvaro Varela para la película de Elizabeth Farnsworth y Patricio Lanfranco, El Juez y el General, que se estrenó en el Festival de Cine de San Francisco en mayo de 2008 y luego se proyectó ampliamente en todo el mundo, ganando muchos premios.
Nancy Guzmán es una reconocida periodista de investigación que se ha especializado en cubrir violaciones de derechos humanos en Chile durante la dictadura. En 1994-1995, realizó varias entrevistas con el agente de torturas de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Osvaldo Romo mientras estaba en prisión. Su investigación concluyó con la publicación del libro “Romo: Confesiones de un torturador”.
Con supervisión de Farnsworth y Lanfranco, María José Calderón, quien fue productora asociada del documental El Juez y el General, preparó la introducción, traducciones, citas y actualización de la entrevista a Álvaro Varela. Esta es la tercera entrevista de importancia histórica de El Juez y el General que se publica en CLACS.
Elizabeth Farnsworth, coproductora/directora de El Juez y el General, es cineasta y ex corresponsal en jefe y principal presentadora sustituta de PBS NewsHour. Ha informado desde Chile, Perú, Camboya, Vietnam, Haití, Irak, Irán y Arabia Saudita, entre otros países y ha recibido tres nominaciones al Emmy y el Premio Alfred I. duPont-Columbia por su trabajo.
Patricio Lanfranco, coproductor/director de El Juez y el General, en 1995 produjo la cobertura televisiva en vivo del juicio a Manuel Contreras, exjefe de la policía secreta de Pinochet, por el asesinato del ex embajador de Chile en los Estados Unidos, Orlando Letelier en 1976 en Washington, D.C. Gracias a la transmisión, los chilenos pudieron por primera vez ver a los abogados presentar pruebas en un escenario oficial de los crímenes contra los derechos humanos cometidos por la policía secreta. En 2003 ganó el Premio del Consejo Nacional de Televisión de Chile.
María José Calderón es una documentalista chilena radicada en Oakland, California. En el 2009 recibió su título de maestría de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Berkeley, California. Fue productora asociada en El Juez y el General y más recientemente ha producido documentales para PBS, Latino Public Broadcasting, Netflix, Univision y otras cadenas. En 2020 coprodujo un documental para FRONTLINE, que fue distinguido con el Premio Scripps Howard y Úrsula y Gilbert Farfel por excelencia en reportajes de investigación. Más recientemente, produjo y editó el documental Water for Life, sobre activistas indígenas de América Central y del Sur que luchan para impedir que las corporaciones multinacionales privatizen y contaminen sus aguas.
Referencias
[1] El periodista estadounidense John Dinges reportó desde Chile antes y durante la dictadura. Esta cita proviene de una entrevista para el documental El Juez y el General y de una entrevista de seguimiento que se le hizo recientemente.
[2] El 11 de septiembre de 1973, un golpe militar liderado por el General Augusto Pinochet derrocó al presidente democráticamente electo de Chile, Dr. Salvador Allende. Una Junta Militar tomó el poder político, cerró el Congreso Nacional, declaró estado de sitio y prohibió los partidos políticos y los sindicatos. El régimen de Pinochet duró 17 años. Durante ese período, los militares y la policía secreta persiguieron y eliminaron a opositores políticos, matando y haciendo “desaparecer” a varias miles de personas, además de torturar y encarcelar a más de 40,000.
[3]José Zalaquett fue director del departamento legal del Comité Pro Paz durante dos años y medio hasta que fue encarcelado por la Junta Militar y obligado a abandonar el país.
[4] Los Archivos del Cardenal: https://cntvplay.cl/series/los-archivos-del-cardenal/
[5]Uno de los casos más conocidos fue el de Michael Woodward, un sacerdote chileno-británico que vivía y trabajaba en Valparaíso. Woodward practicaba la teología de la liberación. Fue arrestado 10 días después del golpe y torturado hasta la muerte. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común.
[6] Luego de la muerte del monseñor Valech, la Comisión fue presidida por Maria Luisa Sepulveda, quien se había desempeñado como asistente social en Comité Pro Paz y posteriormente en la Vicaría. En el 2010 presentaron u segundo informe (Comisión Valech II) que reconoció un total de 40.018 víctimas de detenciones y tortura, 3.065 de ellas muertos o desaparecidas: https://www.derechoshumanos.net/paises/America/derechos-humanos-Chile/informes-comisiones/Informe-Comision-Valech.pdf
[7] https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-monumentos/archivo-vicaria-solidaridad
Álvaro Varela Walker | Abogado de Derechos Humanos
Entrevista realizada por Nancy Guzmán
4 de mayo de 2006, Santiago, Chile
(Con actualizaciones de una entrevista de seguimiento realizada por María José Calderón, enero de 2024)
¿Qué actividad realizaba antes del golpe de Estado? ¿Cómo era la vida en ese entonces y en la universidad?
En 1973, antes del golpe de Estado, yo era estudiante de Derecho de la Universidad de Chile y me desempeñaba como dirigente estudiantil. Era además militante del MAPU[1] y presidente del Centro de Derecho de la Universidad de Chile. También era miembro del Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y del Senado Universitario. Todo eso eran cargos en que se optaba por elección popular.
Hasta 1972 la actividad política en la universidad se desarrolló con fuerza, como confrontación política. Pero a partir del año 1973 se incorporó muy fuertemente la violencia. En el caso de la Universidad de Chile y en particular de la Facultad de Derecho de la Universidad, había un grupo muy poderoso de Patria y Libertad.[2] Y esa violencia, llevó a un grave incidente en el mes de abril de 1973, en el acto de inauguración del año académico de la Facultad de Derecho.
Como presidente de los estudiantes de derecho, yo estaba en el estrado del Aula Magna de la facultad y fui agredido en medio del acto, en presencia del presidente de la Corte Suprema, del presidente del Colegio de Abogados, de las autoridades de la facultad y autoridades de la Universidad. Fui atacado por un grupo que sorpresivamente subió al escenario.
Me golpearon, al parecer con un fierro en la cabeza y me llevaron detrás de las cortinas del escenario.
Estuve varias horas inconsciente y tuve que ser retirado de ahí por funcionarios del servicio de emergencia de la Posta Central. Estuve varias semanas en condiciones de salud bien difíciles. Ese fue un acto de violencia muy fuerte, muy enérgico y lo más sorprendente es que fue en presencia de autoridades, incluyendo el presidente de la Corte Suprema y el presidente del Colegio de Abogados, que simplemente decidieron ponerme detrás de la cortina y seguir con el acto.
Era en un ambiente de mucha violencia. El resto del año, hubo muchas oportunidades en que yo no podía ir normalmente a clases porque era objeto de amenazas, de seguimiento y de actos violentos. Fueron momentos muy difíciles. Ya no había una actividad política de intercambio de opiniones y de debates.
¿Qué pasó el día del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973? ¿Cómo lo vivió y qué es lo que percibió que se venía de ahí en adelante?
El día del golpe de Estado me despertó mi padre muy temprano. Yo vivía con mi padres y de inmediato empezamos a percibir que la situación se venía muy violenta al escuchar los bandos militares. A las pocas horas vimos aviones sobrevolando la ciudad y bombardeando La Moneda [el Palacio de Gobierno]. De inmediato quedó claro que el golpe de Estado era muy violento, muy inmisericorde y que todos aquellos que habíamos participado en la política apoyando al gobierno constitucional de Salvador Allende, íbamos a sufrir una represión muy brutal, muy dura.
¿Qué actividades realizaba inmediatamente tras el golpe de Estado?
Tres días después del golpe viajé al sur del país con el objetivo de estar alejado de las posibilidades de represión. Después de algunos días -10 a 15 días- se reabrió la Facultad de Derecho. El decano de la facultad, Don Máximo Pacheco, se contactó con mi padre y le recomendó que volviera y que diera esos exámenes con el objeto de que pudiese egresar. Yo estaba en la fase final de mis estudios de Derecho, me restaba dar cuatro exámenes para egresar. Entonces regresé y fui a la escuela de derecho en condiciones muy tensas (recibí muchas amenazas y seguimiento), a rendir las pruebas que me faltaban.
Uno de los cuatro ramos que me faltaban era “derecho aeronáutico”. Había un solo profesor que lo enseñaba, que era Don Jacinto Pino.[3] Y no lo pude ubicar porque él era un dirigente del Partido Socialista y había pasado a la clandestinidad después del golpe. Me costó muchísimo pero a través de distintos contactos políticos logré dar con él. Necesitaba que él me emitiera un certificado de que había dado la prueba y con eso yo obtenía mi certificado de egreso. Estaba contra el tiempo porque estaban preparando las listas de quiénes iban a ser sumariados en la universidad. En el minuto que se publicaran esas listas, quienes aparecían en ellas quedaban incapacitados de ejercer cualquier actividad universitaria.
Logré dar con el profesor Pino y yo esperaba que inmediatamente me diera el certificado con una nota para poder así poder egresar. Pero cuando le expliqué la situación en que me encontraba me dijo, “Bueno Álvaro, ¿cuándo me das la prueba?” Yo le dije, “La verdad es que si usted quiere que le de la prueba, tendremos que ver cómo lo hacemos porque usted está clandestino, y yo también ando escondido”.
Él me respondió, “Entiendo, pero no te puedo poner una nota sin tomarte la prueba”. Me citó en la Estación Mapocho (en ese entonces todavía funcionaba como estación de trenes) y me dijo: “Yo voy a estar ahí a las once de la mañana, saca un pasaje de tren a Valparaíso, nos encontramos en el andén y ahí te tomo la prueba. Hay un tren que sale a las 11:30. Si pasa algo tú te subes al tren y yo desaparezco”.
Entonces lo hicimos así. Esa tarde y esa noche estudié intensamente y concurrí al día siguiente al andén de la Estación Mapocho. El profesor Pino, me tomó la prueba, fue bastante exigente y después de eso me puso la nota. Emitió un certificado y con eso corrí a la escuela de derecho y le entregué mi certificado al decano Máximo Pacheco. Ahí se hicieron los registros respectivos en los libros de los ramos que correspondía. Máximo Pacheco extendió el certificado de egresado y se lo llevó al secretario de la facultad que correspondía que lo firmara. Pero el Sr. Vergara que era el secretario de la facultad se negó a firmarlo porque dijo que yo era un “extremista” y que él no certificaría el egreso de extremistas de la universidad. El decano lo forzó a firmar y frente a esto el Sr. Vergara dijo: “Yo lo firmo siempre y cuando usted también lo firme”. El decano no era quien debía firmar los certificados (era el secretario de la facultad) pero el decano tomó el certificado, lo firmó, se lo pasó a Vergara y él también lo firmó. Eso me permitió contar con mi calidad de egresado, porque dos o tres días más tarde se publicaron las listas de los que serían sometidos a sumario. Rápidamente fui sometido a sumario (donde no había ninguna posibilidad de defenderse) y fui expulsado de la universidad.
¿Cómo era la situación de los derechos humanos en el país cuando usted comenzó a trabajar en el Comité Pro Paz?
Me interesó aprovechar que tenía una profesión que me permitía asumir la defensa de personas y hacer algo por tanta gente que en ese momento estaba en una situación tan dolorosa. Además era muy difícil encontrar a personas que asumieran la defensa. Entonces supe de la creación del Comité de Cooperación para la Paz, a raíz de que varios amigos y amigas mías trabajaban ahí.[4] Hablé con don Fernando Castillo Velasco, que había sido rector de la Universidad Católica, era un hombre muy vinculado al cardenal Raúl Silva Henríquez, a la Iglesia y a la defensa de los derechos humanos. Entonces él estableció el vínculo con ese sector de la Iglesia que estaba trabajando en la defensa de los derechos humanos y me puso en contacto con el Comité Pro Paz, en particular con el abogado José Zalaquett, que fue el gran organizador de esa institución en todos sus aspectos prácticos y jurídicos. Después de hablar con él, fui aceptado para trabajar en el Departamento Jurídico del Comité de Cooperación para la Paz a partir del mes de abril de 1974.
El conocimiento que yo tenía desde fuera era bastante limitado. Obviamente que uno sabía algunas cosas (especialmente en el círculo cercano) pero era información limitada, porque todos nos cuidabamos y teníamos miedo de que por el hecho de juntarnos fuésemos arrestados, torturados (o cualquiera de las medidas de represión común y corriente que se estaban desarrollando en ese momento) solo por hablar. Como había sido dirigente estudiantil y militante del MAPU, la gente con la que me había vinculado estaban todos en la misma situación mía, habían sufrido medidas represivas, estaban tratando de pasar desaparecidos o estaban clandestinos.
La primera tarea que me encomendaron fue leer las carpetas de los testimonios de las personas que habían concurrido al Comité, para que entendiera de qué se trataba el trabajo, cuáles eran las situaciones que estábamos enfrentando. Fueron dos o tres días de pesadilla, porque leer esas carpetas y los testimonios que habían allí, era mucho más allá de lo que yo incluso imaginaba antes de unirme al Comité Pro Paz.
Aparte de esas actividades de tipo profesional y humanitaria, ¿Siguió en la militancia política?
No seguí en la militancia política porque tomé la opción de incorporarme a este trabajo en el departamento jurídico del Comité y ahí se nos pedía desvincularse de la actividad política, porque era un trabajo visible y notorio. Nosotros concurríamos a los recintos policiales, a los campos de concentración, íbamos a tribunales con nuestros nombres, con nuestra identidad verdadera. Nosotros enfrentamos cotidianamente la situación de derechos humanos en la defensa de las personas, buscando personas, denunciando e intentando sacarlas de las comisarías. Intentando publicitar en Chile y en el extranjero lo que aquí estaba sucediendo.
Yo acepté esta condición que se me planteó al incorporarme al Comité, y que era también una exigencia que nos planteaba regularmente el cardenal Raúl Silva Henríquez cuando nos visitaba: que teníamos que renunciar a muchas cosas para poder dedicarnos a esta tarea.
Éramos muy jóvenes. Yo cumplí 23 años en 1974, y fueron varios años en que nos dedicamos a tiempo completo en cuerpo y alma, porque esta tarea era un trabajo que no tenía horario. La gente a quienes prestábamos nuestro servicio sentía un gran respaldo, era el único lugar donde recibían acogida. Entonces para nosotros era algo muy importante y eso significaba que no parábamos. Eran pocos los que tenían hijos. Yo era soltero y no tenía hijos y ese era un factor bastante determinante y decisivo en la dedicación que uno le daba a esto.
Quienes trabajábamos en esto prácticamente constituimos un grupo aparte, porque nos juntábamos entre nosotros. Muchas veces uno no podía contar a amistades o familiares que uno se dedicaba a esto, uno tenía que ocultarlo, porque era peligroso el que se supiera. Pero por otro lado lo hacíamos a cara descubierta y con nuestra propia identidad, en los tribunales de justicia, en los recintos policiales, en la calle, etcétera.
¿Y cómo lo recibían en los recintos policiales?
Éramos tratados como perros. No recuerdo haber recibido un trato humano o de una persona representando a la iglesia (como lo era el Comité), o como un profesional egresado de la carrera de derecho. No había gestos ni rastros de humanidad en las personas con quienes interactuamos, ya sea en las fuerzas policiales, o de Gendarmería, ni siquiera en el recinto carcelario de mujeres a donde yo iba muy seguido. Incluso hasta las monjas que cuidaban el recinto habían adoptado la misma actitud inhumana.
Una gran conquista fue conseguir que el Ministerio del Interior de la dictadura se comprometiera al respeto a quienes desempeñan esta función si teníamos un carnet emanado del Comité, con el timbre del Arzobispado que nos identificara como tal. El Ministerio del Interior de la dictadura a través del General Bonilla, había asegurado a las autoridades superiores del Comité y particularmente al Monseñor Ariztía que si portabamos el carné, seríamos atendidos.
Porque antes de eso, para visitar a los presos teníamos que meternos en la fila de los familiares en los días y horas de visita. Pero era muy restringido y cuando descubrían que en realidad no éramos parientes, nos echaban.
Con ese carné concurrí a visitar a un preso en Tres Álamos.[5] Había un portón negro grande. Golpeé el portón y después de un rato se abrió una mirilla y una voz con tono militar me preguntó qué buscaba. Yo le expliqué: “Soy miembro del departamento jurídico del Comité de Pro Paz. Tengo autorización del ministerio de interior para visitar presos políticos”.
Alcance a ver la cara de sorpresa a través de la mirilla. Me pidió el carné y acto seguido cerró la mirilla. Ahí estuve largo rato y mientras esperaba me encontré con una joven llamada Marcela (a quien yo había atendido en el Comité porque su madre estaba presa) y venía con la intención de entregarle unos remedios a su madre que se encontraba enferma. Estuve conversando con ella un largo rato, hasta que se abrió la mirilla y se me dieron cinco minutos para desaparecer del lugar, si no sería arrestado. No me devolvieron el carné.
Esas fueron las “garantías” que nos prometieron. Ese fue el documento que el Arzobispado Santiago emitió con gran esperanza y ese fue el destino que tuvo. Y bueno, obviamente que emprendí la retirada a pie rápidamente. Ahí quedó la persona con quien conversé, su nombre es Marcela Troncoso y es una de las detenidas desaparecidas.[6]
¿Cómo se enteró de la detención de su compañera de universidad Cecilia Castro Salvadores y su esposo Juan Carlos Rodríguez?
Con Cecilia Castro éramos muy amigos.[7] Fuimos compañeros de curso desde el primer año de los estudios universitarios en la Escuela de Derecho. Mientras eran estudiantes, Cecilia y Juan Carlos vivían con los padres de Cecilia, a tan solo 4 o 5 cuadras de mi casa. Su casa era un gran centro de reunión, un lugar muy acogedor donde habitualmente nos juntábamos muchos estudiantes. Más tarde Cecilia y Juan Carlos se habían ido a vivir a la misma calle donde vivía yo. Ellos tenían una hija pequeña y dado que estaban viviendo en la clandestinidad, haciendo trabajo político, la niña estaba a cargo de sus abuelos que vivían cerca. El día sábado anterior a mi arresto, yo estaba en la calle lavando el auto de mi padre y pasó Cecilia. Estuvimos conversando un rato y después ella siguió su camino.
Cecilia y Juan Carlos fueron arrestados ese mismo sábado en la noche (17 de noviembre de 1974) en el departamento donde vivían y yo me enteré porque me avisaron los padres de ella. El día lunes presentamos el recurso amparo[8] y como sabíamos que el lugar más usado en ese momento era la casa y centro de torturas en José Domingo Cañas, fuimos con el Padre Daniel Panchot a darnos esa vuelta con la ilusa esperanza de ver algo. Obviamente no descubrimos nada, pero fue muy útil para mí tener ese conocimiento exacto del lugar.
¿En qué circunstancias fue detenido? ¿En qué fecha?
Yo fui detenido el lunes 19 de noviembre de 1974, dos días después de que Cecilia y Juan Carlos fueran arrestados y el mismo día que redacté un recurso de amparo a favor de ambos. Era un día lunes en la noche y el toque de queda comenzaba a la 1:00 a.m. Yo vivía con mis padres, habíamos terminado de cenar y estábamos conversando. Comenté en la comida que Cecilia Castro y Juan Carlos Rodríguez habían sido detenidos y lo preocupado que estaba. Esa conversación se transformó en una discusión porque mi padre me preguntó quién la había detenido y yo le expliqué que habían sido hombres de civil, de la DINA.[9] Me preguntó a dónde la habían llevado y qué cargos le hacían. Mis padres ingenuamente pensando que era como como siempre han sido los arrestos, policía uniformada, orden de arresto, te llevan a un recinto [policial] y te ponen a disposición de un tribunal.
Terminamos en una fuerte discusión porque no pudieron entender, a pesar de que ellos conocían a Cecilia. Tenían este caso tan cerca y no pudieron entender lo que yo les contaba. Me dijeron que yo estaba confundido y que no podía ser que las cosas fueran como yo decía. Me fui a acostar y estaba durmiendo cuando siento que sube mi padre (yo dormía en el segundo piso y mis padres en el primero) haciendo mucho ruido al subir la escalera, se veía muy agitado. Abrió la ventana del segundo piso que da hacia la calle y gritó “Quién es?” Y le dicen, “La Policía. Venimos a arrestar a Álvaro Varela”.
Mi padre se da vuelta, entra a mi pieza, abre la puerta y me dice “Álvaro te vienen a detener”. Opté por quedarme acostado y a los pocos segundos mi pieza se llenó de un grupo de gente que vestían de civil, armados con metralletas que rodearon mi cama. Mi padre desesperado preguntó qué pasaba. En un acto que no es racional ya que en condiciones normales uno no lo haría (pero como trabajaba en el tema) les pedí que se identificaran y que mostraran la orden de arresto. Obviamente la respuesta fue dura y yo les dije que no me levantaría hasta que no me mostraran eso. Pero a punta de golpes me levanté y me vestí. Les dije que yo trabajaba en el Comité de la Paz y que no saldría de la casa mientras no le avisaran al obispo. Nosotros teníamos el teléfono del Obispo Carlos Camus en la mano para llamarlo a cualquier hora en caso de cualquier emergencia. Saqué el papel con el nombre y el teléfono del obispo. Pero a punta de golpes me sacaron de la casa sin poder llamarlo.
Al salir me encuentro con un gran despliegue policial. Ya había empezado el toque de queda, era un poquito más de la una. Habían varios vehículos, unas camionetas Chevrolet C-10 con la parte de atrás cubierta con una lona (tela) y reflectores grandes que tenían todo el sector iluminado. Había un grupo muy grande de personas, todos fuertemente armados con metralletas apuntándome. Al salir me encuentro cara a cara con el jefe del operativo, a quien reconocí de inmediato porque yo estaba tramitando una querella en contra él, Osvaldo Romo.[10] A Romo yo lo ubicaba muy bien físicamente por las investigaciones que estábamos llevando acerca de su participación en la DINA y por tratarse de una persona que adquirió notoriedad durante el Gobierno de Allende por dirigir movimientos de ultraizquierda y quien se hacía llamar “Comandante Raúl”.
Como procurador del Departamento Jurídico del Comite Pro Paz, yo había iniciado acciones judiciales contra él por violación y por tortura en el juzgado del crimen de Santiago, en agosto de ese año. Lo habíamos identificado y denunciado a tribunales (sin resultados). Me encuentro cara a cara con él, estaba parado al lado su camioneta. Y le pregunté con la misma sangre fría (no porque sea valiente o porque sea fuerte, sino que por un instinto esencial de vivir) “¿Me subo ahí adelante?” Y me dice, “Atrás conchetumadre, y ya nos vamos a ver!”
Luego me tomaron y me lanzaron hacia la parte de atrás de la camioneta pero alcancé a afirmarme de la baranda y caí afuera. Lo hice con la intención de poder leer la patente y gritarla a mi padre y a mi hermano que estaban en la vereda. Para mi sorpresa, la patente era de Argentina y era falsificada. Yo sabía que eso significaba que uno desaparecía porque la detención se estaba practicando de manera tal de no dejar rastro. Por más que me resistí, mi resistencia era nada frente a un sinnúmero de personas armadas y ante los golpes. Finalmente me lanzaron dentro de la camioneta, me pusieron cinta adhesiva y una gran venda en los ojos y el vehículo partió.
El vehículo dio varias vueltas pero reconocí el lugar a donde me llevaron, porque curiosamente esa misma tarde (Lunes 19 de noviembre de 1974 a la 1:30 p.m) habíamos identificado una casa que operaba como un centro de torturas de la DINA en la calle José Domingo Cañas, con un sacerdote que trabajaba con nosotros, el padre Daniel Panchot. Recorrimos el lugar con la esperanza de averiguar algo respecto del paradero de Cecilia Castro y de Juan Carlos Rodríguez. Pasamos [frente al recinto] varias veces, a pie y en auto. Entonces identifiqué muy bien el lugar porque en ese entonces la calle José Domingo Cañas no tenía pavimento, era de adoquines y al conducir sobre ellos hacía un ruido especial. Y cómo horas antes nosotros habíamos estado ahí con el padre Daniel, pude reconocer donde estaba.
¿Cómo fue llegar a un centro de tortura? ¿Qué es lo que sucedía con las personas detenidas que llegaban a estos centros de tortura?
La camioneta ingresaba al recinto, y a uno lo hacían bajar. Uno venía con los ojos totalmente vendados de manera que uno no estaba en condiciones de desplazarse por sus propios medios, a uno lo iban empujando a golpes. Tengo recuerdo de haber llegado a un punto donde me dejaron de pie solo y sentí algo de calor. Me imagino que habían focos de luces potentes y en ese lugar se me sometió a un primer interrogatorio esencial: preguntaron mi nombre, apellido, fecha de nacimiento, sobrenombre y todos los datos básicos. Esa era el área de registro de todos mis datos y mi vestimenta completa. Luego me llevaron a empujones y a golpes a una pieza. Se abrió una puerta, me lanzaron hacia adentro y caí al suelo. Ahí había muchísima gente, todos vendados, amarrados sentados en el suelo casi uno encima de otro. Se escuchaba mucho quejido, mucho lamento. Había mucha gente que había había sido sometida a tortura y que estaba ahí sufriendo. Estábamos todos en la misma condición.
Cuéntenos sobre su interrogatorio
El interrogatorio fue sobre qué actividades hacía yo en el comité. Ahi supe que Cecilia Castro estaba en el mismo centro de tortura porque cuando me interrogaron me dijeron que ella estaba detenida ahí y que mi nombre figuraba en una libreta de ella.[11] Me interrogaron muy fuertemente tratando que que yo firmara una declaración en la que yo me confesaba que había un vínculo entre el MIR[12] (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y el Cardenal Raúl Silva Henríquez. Todo esto a partir de que mi nombre aparecía anotado en la libreta de Cecilia (que era militante del MIR). Me di cuenta de que estaban articulando un montaje, una operación para desprestigiar al cardenal.
¿Se percibía la posibilidad de la muerte en esos lugares?
Absolutamente. Hay factores psicológicos que comienzan a funcionar. Yo sabía, o tenía conciencia de que iba a morir. Sabía muy bien lo que pasaría, sabía cómo torturaban, mataban y hacían desaparecer. Yo ya llevaba casi todo un año trabajando en esto, dedicado en cuerpo y alma. No hacíamos otra cosa más que esto, porque no éramos muchos y teníamos mucho que hacer. Entonces, racionalmente yo me di por muerto, de eso no me cabía la menor duda.
Pero también hay un aspecto psicológico que a uno lo lleva a sobrevivir y que le da fuerzas que en circunstancias normales uno no se imagina que podría poner en marcha. Entonces yo tomé conciencia de que debía ser muy racional, que debía mantenerme muy frío, que debía tener mucho cuidado al contestar los interrogatorios y que debía tener una fuerte capacidad de resistencia a la tortura.
Ya había constatado y tenía claro de que el hecho de que yo fuese miembro del Comité no me daba ninguna garantía. No me hacía distinto a ninguno de los demás que estaban ahí. Estaba ahí en el suelo, escuchando los lamentos, los gemidos y los gritos. Cada cierto rato se abría la puerta y arrojaban más prisioneros. Algunos venían de haber sido torturados, otros habían recién sido arrestados. Muchos lloraban. Me imagino que había hombres y mujeres de distintas edades. Nunca supe quiénes eran porque no los pude ver.
Al día siguiente durante la tarde despues de una sesion de tortura me llevaron a otra sala. Cada cierto rato se escuchaban las voces de los guardias, pero percibí que había una sola persona más en la sala conmigo. Uno no hablaba porque había varias advertencias; como por ejemplo que si a uno se le salía la venda y veía a alguno de sus celadores lo mataban, o que si uno entraba en contacto con otras personas, te mataban.
Pero en algún momento percibimos que estábamos los dos solos en la sala y comenzamos a hablar. Lo que uno hacía era dar el nombre, con objeto de que si uno salía libre pudiese contarlo. Me dijo su nombre y me contó que lo que más le preocupaba era su mujer y sus hijos. Él pensaba que su mujer debía estar absolutamente abatida y que iba a ser incapaz de hacer algo. Para gran sorpresa mía, yo había redactado su recurso de amparo el día lunes (él había sido detenido el fin de semana) y le conté que había estado con su mujer e hijos. Le dije, “Puedes estar tranquilo. Tu mujer fue al Comité y presentamos tu recurso amparo”.
Le expliqué en qué consistía el amparo y qué es lo que estábamos haciendo en el Comité.
Fue la única persona con quien pude hablar. Fue un factor realmente providencial para él, lo tranquilizó mucho.
Me imagino que yo había presentado recursos de amparo para casi todos los que estaban ahí. Éramos muy pocos los que trabajábamos presentando amparos, nos sabíamos todos los nombres.
¿Durante cuánto tiempo estuvo retenido?
Me detuvieron un lunes en la noche y fui interrogado duramente durante toda la mañana del martes. Durante la tarde permanecí encañonado ya que me habían anunciado que sería fusilado. Pero algo pasó en el curso de la tarde, noté un cierto relajo en relación a mi persona. Ya de noche, estando en el piso de una pieza, se abrió la puerta y dijeron, ¿Quién es Álvaro Varela?” Dije “Yo”. Me tomaron, me sacaron y me dijeron que me iban a llevar de vuelta a mi casa.
Yo la verdad es que no lo creí. Pensé que era otro paso que me tocaba, pero efectivamente me subieron a la misma camioneta (la reconocí por el tacto) en que había sido aprehendido y llevado a ese lugar, y la misma voz del guardián principal que me llevaba en la camioneta. Nos fuimos, no tenía claro que hora era. Sabía que era de noche, pero no tenía absoluta certeza de la hora, porque durante el día nos hacían escuchar una radio que daba la hora. Pero claramente uno se da cuenta de que tergiversan la hora para hacernos perder la noción del tiempo.
El vehículo hizo un largo trayecto. De repente la camioneta paró y me dijeron que me bajara. Yo me negué, no sabía dónde estaba ni que me iba a pasar pero después de los golpes habituales, bajé. No tenía otra opción. Me pidieron que me sacara la venda, advertido antes de que si veía a mis celadores me matarían. Me negué, pero después de ser golpeado nuevamente me saqué la venda y lo primero que vi fue un letrero luminoso de una tienda en la esquina de Avenida Irarrázaval con Manuel Infante. Y ahí estaba Osvaldo Romo parado al lado mío. Le pregunté qué pasaba y me dijo, “Te vamos a llevar a tu casa, pero no sabemos cómo llegar. Así que súbete al frente con nosotros”. Me subí en la cabina donde iba el chofer, Osvaldo Romo y yo. Era una camioneta grande, pero íbamos apretados. Tomamos por infante en dirección a mi casa.
En el trayecto le dije a Romo, “Me arruinaron la vida”, entonces él me dice, “¿Por qué?”
Le dije “Porque yo trabajo en el Comité, en mi actividad defiendo a los presos políticos y ustedes me tomaron preso y me sacaron la cresta por eso. Entonces ahora me imagino que si vuelvo a hacerlo me van a hacer lo mismo”. Y él me dijo “No puedes abandonar lo que haces, porque es muy importante. Tienes que seguir”. Su declaración me dejó absolutamente sorprendido, propia de un psicópata. Después de un rato llegamos a la casa de mis padres, donde yo vivía. Eran las tres o cuatro de la madrugada. Tocaron el timbre pero no abrió nadie. Se iban a ir y les dije que no se podían ir y dejarme ahí porque yo vivía a pocas cuadras de la embajada de Italia, donde había mucha gente buscando asilo político y también mucha vigilancia y estábamos en toque de queda. Les dije, “Si me dejan aquí y pasa una patrulla militar me van a llevar preso por estar parado en la calle. Por lo menos ayúdame a saltar la reja”. Romo me ayudó a saltar, golpee la puerta, me abrieron y ellos se fueron.
Cuénteme un poco sobre Romo. ¿Cuál fue su impresión cuando lo vio durante su arresto? ¿Qué decían los otros presos en sus testimonios cuando lo describían?
A Romo lo vi dos veces. Primero al momento de mi detención cuando veo que él es el comandante de la operación. Lo reconocí de inmediato pues yo había presentado acciones judiciales en contra de él. Habíamos sacado fotografías, recortes de prensa y le habíamos hecho todo un seguimiento completo. Había varios recortes de prensa en que aparecía como el “Comandante Raúl” en una toma de Peñalolén. Por lo que lo conocíamos muy bien.
Romo era el terror. Romo llegó a ser declarado en un acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1976, como uno de los más grandes torturadores del mundo. Hay una resolución de Naciones Unidas que se manifiesta expresamente sobre él.[13]
Él conocía a buena parte de la gente que arrestó ya que había trabajado mucho con la juventud del MIR. Día y noche patrullaba el sector de la Reina, Peñalolén, Macul e Irarrazabal y arrestaba a quienes encontraba. Romo era el pavor, todos sabían de su brutalidad y lo reconocían porque lo habían conocido de antes. Era muy brutal con la gente que incluso él había conocido estando vinculado en el trabajo político.
¿En qué momento usted, la sociedad o la gente que trabajaba en derechos humanos comienzan a acuñar el término “detenido desaparecido”?
El término detenido desaparecido comenzó a usarse a fines del año 1974 con motivo de que ya llevábamos varios meses buscando a personas que después de su arresto no aparecían en ningún recinto de detención y no se tenía ninguna noticia de ellos. Entonces, había una situación común, similar [que afectaba] a un grupo grande de personas, y entonces comenzamos a organizar a los familiares. Ahí se constituyó la primera agrupación de familiares de Detenidos desaparecidos. En el año 1975 hicimos una presentación a la Corte Suprema con motivo de la inauguración del año Judicial y ahí ya derechamente hablamos de detenidos desaparecidos. Esa es la época en que el término “detenido desaparecido” se empieza a formalizar.
¿Qué fue la Operación Colombo?
Colombo fue un operación diseñada por la dictadura en un momento en que había logrado colocarse internacionalmente en forma bastante fuerte el tema de los detenidos desaparecidos en Chile.[14] La DINA diseñó un plan para dar por muerto a los detenidos desaparecidos en el extranjero. Y lo hicieron a través de dos medios de prensa, uno en Argentina y uno en Brasil. Eran revistas que habían desaparecido de circulación y que de alguna manera se las arreglan para volver a publicar una “edición especial” en la que daban cuenta que estas personas a las cuales nosotros estábamos reclamando que estaban detenidas en Chile, en realidad estaban en extranjero y además se habían dado muerte entre ellos.
¿Qué sucedió cuando vio el nombre de Cecilia Castro en la lista de personas muertas fuera de Chile?
La aparición de la lista de los 119 chilenos [supuestamente] muertos en el extranjero fue un momento muy trágico y dramático. Yo creo que fue de los momentos más difíciles que enfrentamos en el Comité. Recuerdo la publicación del diario La Segunda con un titular bárbaro.[15] Seguramente hecho con mucho placer por don Mario Carneiro, el director del diario que era una persona muy brutal que se caracterizó por publicar ese tipo de información. Ya no sólo bastaba que los familiares hubiesen sufrido el arresto y tortura de sus parientes, sino que además sufrían el escarnio público que él les daba.
Esa publicación significó que la noticia se esparciera y en muy corto rato el recinto del Comité Pro Paz se llenó de familiares, amigos y gente que obviamente entendieron el mensaje que se estaba enviando. No había pasado mucho tiempo desde las desapariciones, por lo cual existía claramente la esperanza de poder encontrar a los detenidos. Pero ese fue el mensaje y el aviso de la muerte. Fue un momento de mucho dolor. Se desató la angustia y tuvimos que recurrir a equipos de médicos, enfermeras y paramédicos que nosotros conocíamos. Tuvimos que pedir ayuda y asistencia a toda la organización territorial zonal que teníamos en el Comité, a través de todas las vicarías del Arzobispado de Santiago.
En lo personal constaté ahí el nombre de Cecilia entre los 119.[16] Cecilia era muy cercana, extraordinariamente cercana, pero también lo eran los otros 118 porque yo llevaba varios meses compartiendo con sus familiares y había participado de las acciones de búsqueda y habíamos presentado recursos de amparo por todos ellos. Recuerdo que en ese minuto yo tenía la absoluta convicción que estábamos frente a un montaje brutal porque la fuerza publicitaria era muy grande.
Mi responsabilidad directa como miembro del equipo del Departamento Jurídico del Comité era tramitar los recursos de amparo. Entonces yo había llevado recursos de todas esas personas. Yo conocía la historia de cada uno de ellos. En ese minuto en medio de la angustia, el dolor, los desmayos, las bajas de presión y todo lo que estaba pasando, con un grupo de abogados dijimos, “Vamos a trabajar desde ya para develar esto”.
Nos apartamos y nos llevábamos la totalidad de los antecedentes y comenzamos a hacer los análisis y a estudiar la situación. Mientras todo esto pasaba, las asistentes sociales y el resto del personal, los sacerdotes y las monjas asistían a los familiares. Imaginen que eran 119 personas y por lo tanto los familiares eran muchísimos. Había madres, hijos, esposas, padres. Era un cuadro dantesco, porque en un solo lugar se dio la noticia del fallecimiento de 119 personas. La convulsión y el dolor que se produjo fue muy fuerte.
Nosotros como grupo de abogados nos apartamos, nos encerramos y comenzamos de inmediato a trabajar la respuesta. Enviamos a un abogado a Argentina y a Brasil a indagar de qué se trataban éstos medios y logramos revertir a nivel internacional la información y mostrar su falsedad. Ese trabajo ha dado fruto con los años en los procesos judiciales de los últimos años. En ese entonces no servía para resultado directo respecto de quiénes estaban afectados, pero sí servía porque la denuncia internacional y la potencia y la fuerza de la presión internacional obligaban a la dictadura a ser un poquito más recatada en la tortura, en el arresto, en el desaparecimiento, etc.
¿Qué acciones judiciales se realizaron por aquellas 119 personas?
Nosotros hasta la fecha que aparece la lista de los 119 habíamos presentado acciones judiciales (principalmente recursos de amparo), en algunos casos denuncia por presunta desgracias, yo creo que por todos ellos. Y precisamente de esas acciones judiciales fue que elaboraron [la DINA] la lista. Nosotros habíamos presentado una denuncia conjunta y constatamos que en algunos casos algún error que hubiésemos cometido al escribir los nombres, aparecía también el error repetido en la lista publicada. Es decir, ellos eligieron precisamente a las personas a quienes nosotros estábamos haciendo más visibles y estábamos buscando, porque la idea de la dictadura era desprestigiar las acciones que estábamos haciendo y dar a entender que era todo un invento. Acuérdese que se decía que “Los señores de los derechos humanos andan inventando esto”.
Yo iba todos los días a tribunales y ahí, en la corte apelaciones había una oficina donde se tramitaban los recursos amparo. Estaba a cargo de una persona muy cruel, doña Emma Mazuela, funcionaria judicial hasta hace poco tiempo. Era una mujer muy cruel que trataba muy mal a los familiares y a quienes tramitamos los recursos de amparo. Era una persona muy perturbadora y es de imaginar cómo fui recibido al tener que volver a tribunales después de la aparición de esta lista. Porque la primera noticia que apareció fue que se habían matado entre ellos, pero la segunda noticia fue que además nosotros habíamos denunciado que habían sido detenidos y habíamos presentado recursos de amparo por ellos.
En el caso Cecilia Castro, ella había sido detenida por Osvaldo Romo (el mismo que me detuvo a mí) y había estado en el mismo recinto pues me lo había dicho el interrogador de manera que tenía la absoluta certeza y convicción de que lo que yo estaba haciendo era cierto.
Pero usted no se puede imaginar lo que era la presión. Si uno no tenía esa experiencia práctica, no tenía cómo sostener una verdad distinta a la verdad oficial que se estaba dando en ese momento. Y en los tribunales nos trataban muy mal. Nos trataban realmente de forma abiertamente agresiva y ofensiva.
¿Qué hicieron con la información que iban recopilando?
A medida que íbamos reuniendo la documentación se iba sistematizando. Pero ya avanzado el tiempo nos dimos cuenta de que necesitábamos más que sólo los archivos de papel. Esto fue especialmente crítico cuando en el año 1986 la dictadura quiso incautar los archivos con motivo de un proceso judicial donde se encarceló a dos funcionarios de la Vicaría que habían prestado asistencia médica a alguien que había participado en un asalto.[17] Y entonces la dictadura utilizó la [supuesta] participación de un médico y un abogado de la Vicaría con fines políticos para intentar allanar la sede del Vicaría y así obtener miles de fichas con información de las víctimas de la represión. En ese momento Sergio Valech era Obispo y cuando llegó un fiscal militar a allanar la Vicaría, Monseñor Valech se paró en la puerta erguido, era un hombre grande y le dijo “Si quieren entrar, tienen que pasar sobre mi”.
Afortunadamente, alguien nos había dicho que nos allanarían y cuando llegaron los militares ya habíamos almacenado los archivos en otro lugar.
¿Cómo calificaría el rol de la justicia durante esos 17 años de dictadura militar y los posteriores antes de la detención del general Pinochet en Londres?
Por regla general nuestros jueces y ministros fueron muy cobardes y comprometidos ideológicamente. Hubo presidentes de la Corte Suprema que olvidaron la misión que tenían. Claramente Enrique Urrutia Manzano (1972 – 1975) es uno de ellos. José María Eyzaguirre (1975 -1978) es otro. Me consta a mí personalmente, pues en una oportunidad le llevé a Eyzaguirre quien era en ese entonces presidente de la Corte Suprema, por encargo del Cardenal Raúl Silva Henriquez, una denuncia de un crimen muy grave. Después de leer los documentos me dijo, “Yo no puedo hacer nada porque a mí también me pueden hacer desaparecer”. Yo era un joven abogado que me encontraba sentado frente al presidente de la Corte Suprema y él me contestaba de esa forma.
El presidente de la Corte Suprema, Israel Bórquez (1978-1983), que habló de que los detenidos desaparecidos lo tenían “curco” (hastiado). Esto, obviamente, tenía una manifestación en la gran mayoría de los ministros de la Corte Suprema, Corte de Apelaciones, jueces y funcionarios judiciales.
Había que tener el “cuero” (la piel) muy duro para ir todos los días a los tribunales, como lo hacíamos nosotros, llevábamos todos los días una denuncia y recibíamos todos los días el rechazo y la agresión del poder judicial. Había también, obviamente muy pocos, pero había también jueces que fueron de una valentía enorme, de una integridad tremenda. Y que adoptaron resoluciones muy importantes para resguardar la integridad física o la vida de una persona y que por ello tuvieron graves consecuencias en su carrera judicial.
Durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos usted integró una importante comisión que se formó para reconocer la tortura como una violación al derecho humano y cuantificar cuánto había afectado a la sociedad durante el periodo del régimen militar. ¿Cuál fue su participación en la Comisión?
Yo fui nombrado en la Comisión Valech[18]por el Presidente de la República. Éramos ocho personas, varios de los cuales habíamos estado trabajando en el Comité y en la Vicaría. Monseñor Valech, fue vicario durante una época, nos conocíamos bastante bien, conocíamos la temática. La tortura era una de las violaciones a los derechos humanos que no había sido objeto de tratamiento de ninguna especie, ni durante la dictadura ni después, desde el punto de vista de apoyo, de defensa o de reparación.
Nosotros en el Comité y en la Vicaría teníamos mucho trabajo, muchas urgencias, de manera que quien había sido torturado, pero ya estaba libre, para nosotros era un era una situación terminada. Nos alegrabamos, lo abrazamos, pero teníamos de inmediato que seguir preocupándonos de los que estaban siendo arrestados en ese momento, y de los que estaban desaparecidos. De manera que quien sufría la tortura y salía libre tenía que arreglárselas solo.
La verdad es que no teníamos capacidad para hacer más. A lo más logramos conformar algún equipo de apoyo psicológico, pero muy limitado y absolutamente insuficiente para las necesidades que surgían. No teníamos la disponibilidad de tiempo suficiente como para poder accionar masivamente en los tribunales por los casos de tortura. Porque la urgencia era salvar a la gente, rescatar con vida a los que estaban en ese momento detenidos o liberar a los que estaban presos en los campos de concentración.
Por eso yo considero muy importante que se conformara la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Porque por primera vez, varios años después de terminar la dictadura y retornar a democracia, mirábamos en esa dirección.
La tortura tuvo muchísimas expresiones, tanto física como psicológica. Yo estoy seguro de que son varios miles más los torturados o por lo menos quienes sintieron haber sufrido la tortura física y psicológica durante la dictadura, que lo que nosotros calificamos. Pero fue un trabajo intenso, fue un trabajo acotado en el tiempo y que necesitaba tener un término, porque teníamos que dar una respuesta a quienes habían recurrido a la Comisión. Hasta el día de hoy yo soy un convencido y el trabajo en la Comisión así lo demostró, que la tortura sigue siendo un tabú en Chile. Pero cuando presentamos nuestro informe se creó un espacio de apertura en el pueblo de Chile.
El día que entregamos nuestro informe caminamos desde el recinto de las oficinas de la Comisión hasta La Moneda [Palacio de Gobierno], y sentimos el aprecio del pueblo, la gente se asomó a las calles, la gente se asomó a las ventanas de los edificios y se dio cuenta de lo que se trataba. Nos gritaron, nos apoyaron, nos aplaudieron. No era a nosotros a quienes estaban aplaudiendo, estaban aplaudiendo a la fuerza que había surgido en ese momento y que había sido capaz de sacar a la luz esta situación tan atroz. Creo que fue un trabajo muy importante porque 30.000 personas es una cantidad importante, con todo el impacto que eso tiene en la sociedad.[19]
Todas esas personas fueron atendidas, escuchadas, muchos de ellos hablaron por primera vez. Vi a hombres fuertes, que se han desarrollado muy bien en la vida y que tienen una buena actividad de trabajo, un buen grupo familiar que uno lo ve y es un hombre entero. Pero llegado el momento de sentarse a conversar y comenzaban a llorar, cómo se quebraban porque nunca antes lo habían hecho. La tortura es algo que continuara haciendo daño en nuestra sociedad, incluso más allá de quienes sufrieron la tortura. Porque yo creo que a sus hijos y a sus familiares también los ha afectado.
¿Alguna vez imaginó cuán instrumentales llegarían a ser estos archivos?
El gran valor de esos documentos es que fueron recogidos en el momento en que se producían los sucesos, son frescos. Es decir, que cuando nosotros escribimos un amparo la noche anterior, habían ido a secuestrar a la persona y estábamos sentados con su padre, su madre o su mujer que habían sido testigos y ellos relataban y nosotros escribíamos esos hechos tal cual.
Nosotros en la época que hacíamos este trabajo, cuando presentábamos un recurso de amparo o cuando hacíamos anotaciones en la carpeta, no estábamos pensando en que era un documento histórico. Pero lo que sí pensábamos que tenía que ser muy completo porque en Chile somos esencialmente un país legalista. Entonces, si presentábamos un recurso de amparo tenía que ser un un escrito judicial muy potente y por eso entonces era muy completo. Teníamos que acreditar muy bien los hechos ante el tribunal, a pesar de que igual no tenían oído, ni ojo, ni boca.
¿Cuándo dejó de funcionar la Vicaría de la Solidaridad?
La Vicaría dejó de funcionar en el año 1992 una vez que termina la dictadura y se restaura la democracia. Pero se había comenzado a planificar con anticipación cómo archivar y preservar la valiosa documentación que se había juntado desde comienzos del comité, en octubre de 1973.
Y de ahí entonces surgió la idea de crear una fundación que se llamó Fundación Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, que en la que está guardada toda la documentación del trabajo del comité y la Vicaría. El archivo de la Iglesia de Santiago en un antiguo convento de monjas Trinitarias. Pero no es sólo un archivo, sino que es una cuestión bastante activa en el sentido de que se realizan muchas actividades de difusión, de educación, exposiciones.
El directorio lo componemos personas que estuvimos en el comité y en la Vicaría, más la presencia de un sacerdote que representa a la institución Iglesia propiamente tal. Este archivo fue declarado Monumento Nacional en Chile y está dentro de los documentos del Archivo Patrimonio Histórico de la UNESCO.
También recibimos estudiantes universitarios y académicos chilenos y extranjeros que están realizando investigaciones y vienen a la fuente, que es este archivo.
Es una institución muy viva, muy activa y ha sido esencial en las investigaciones de derechos humanos, dado que tiene los antecedentes frescos de la época. Entonces, cada vez que un tribunal inicia una investigación por un caso determinado, una de las primeras resoluciones que adopta el juez es oficiar al archivo a fin de preguntar qué antecedentes tiene. Entonces el archivo proporciona los antecedentes y a veces a quienes presentamos esos amparos nos citan a declarar.
Tiempo atrás me contactó una abogada que había escuchado que su abuelo había sufrido la represión. Ella quería saber si teníamos información sobre su caso. Fue al archivo y se sorprendió porque encontró la historia completa, cosas que había oído cuando era niña. El archivo le permitió construir esa parte de la historia familiar.
¿Ha habido justicia para las víctimas de desaparición?
Las investigaciones de derechos humanos en Chile han sido muchas, hay muchos condenados como en pocas partes del mundo. La cárcel de Punta Peuco[20] está llena, tanto así que han tenido que llevar a otras cárceles a los condenados. Pero si bien se ha logrado determinar judicialmente qué fue lo que ocurrió, en ningún caso se ha logrado determinar qué pasó con las víctimas [los desaparecidos]. Porque todas estas sentencias se logran contra la los testimonios de los acusados. O sea, hay miles de pruebas, pero ellos siguen negando, ellos siguen negando. Sí, siguen negando y eso es una cosa muy impresionante. Frente a la evidencia, ellos mantienen la negación, son como seres autómatas a los que les infiltraron algo en el cerebro y en el corazón para mantener su versión.
Entonces es por eso que las condenas se obtienen en función de las presunciones que se reúnen con los distintos medios de prueba. Y esa es la razón de por qué se logra determinar efectivamente que la persona fue secuestrada y hecha desaparecer en manos de una unidad determinada. Y hay personas perfectamente individualizadas de una unidad, pero aun así no se logra saber el destino de la persona.
En cuanto al caso de Cecilia y Juan Carlos no ha habido más avances para saber qué puede haber pasado con ellos. Pero tres de los culpables de sus detenciones están cumpliendo condena. Lo que sí se pudo acreditar es que Cecilia estuvo entre las personas cuyos cuerpos se tiraron al mar saliendo de la Bahía de Quintero.[21]
[1] MAPU, Movimiento de Acción Popular Universitario, partido político de la Unidad Popular que apoyó a Salvador Allende en 1970.
[2] El Frente Nacionalista Patria y Libertad (FNPL), fue una organización paramilitar chilena de extrema derecha formada el 1 de abril de 1971 para oponerse mediante violencia política, sabotaje y terrorismo al gobierno socialista de Salvador Allende y a la Unidad Popular.
[3] Poco después del golpe, el profesor Pino solicitó asilo en Guatemala y luego se mudó a México, donde enseñó Derecho Aeronáutico en la UNAM. Álvaro Varela nunca más lo volvió a ver. En 2023 intentó encontrarlo pero se enteró de que había fallecido recientemente.
[4] El 4 de octubre de 1973, a raíz de la violación de los derechos humanos que se estaba cometiendo en Chile tras el golpe militar, el cardenal Raúl Silva Henríquez, firmó un decreto creando el Comité Pro Paz (1973-1975) para apoyar a las víctimas de la represión. El Comité contó con el apoyo de representantes de la Iglesia Católica; las iglesias evangélicas; de la comunidad israelita y del Consejo Mundial de Iglesias. La institución funcionó hasta el 11 de noviembre de 1975, cuando el general Augusto Pinochet exigió al cardenal Silva Henríquez la disolución del Comité. Al día siguiente el cardenal creó el Vicariato de la Solidaridad (1975-1992).
[5]Tres Álamos era un centro de detención en Santiago donde se encontraban presos políticos.
[6] Marcela Soledad Sepúlveda Troncoso fue arrestada por agentes de la policía secreta de Pinochet (DINA) en 1974 cuando tenía 18 años. Ex detenidos sobrevivientes relatan haberla visto en Tres Álamos. Continúa desaparecida.
[7] Cecilia Castro Salvadores era estudiante de derecho en la Universidad de Chile y miembro del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria). Fue detenida por agentes de la DINA el 17 de noviembre de 1974. Tenía 23 años y estaba casada con Juan Carlos Rodríguez, estudiante de ingeniería de la Universidad Católica. Tenían un bebé de 10 meses.
[8] El recurso de amparo o hábeas corpus es un derecho fundamental de la Constitución que protege contra el encarcelamiento ilegal e indefinido. Traducido del latín significa “muéstrame el cuerpo”. El hábeas corpus ha sido históricamente un instrumento importante para salvaguardar la libertad individual contra el poder ejecutivo arbitrario.
[9] La DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, era el servicio de policía secreta de Pinochet.
[10] Osvaldo Romo fue uno de los torturadores más crueles y brutales de la DINA. Formó parte del grupo Halcón I de la Brigada Caupolicán, grupo que fue encargado de exterminar al MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria,. Romo arrestó a Cecilia Castro Salvadores y a su esposo, y dos días después, a Álvaro Varela. La DINA dependía directamente del General Pinochet. Antes de convertirse en agente de la DINA, Romo o “Comandante Raúl” fue miembro de la Unión Popular Socialista (USOPO) y fue dirigente en Lo Hermida, un barrio obrero de Santiago. Conocía a muchas de las víctimas porque también hacían trabajo político. Él personalmente los buscó, los arrestó y torturó. Muchos de ellos todavía están desaparecidos.
[11] Cecilia Castro y Juan Carlos Rodríguez fueron llevados a José Domingo Cañas. Juan Carlos fue brutalmente golpeado y torturado y tuvo que ser llevado a una clínica, y desde allí desapareció. Cecilia fue llevada a Villa Grimaldi, un infame centro de detención donde también la torturaron. Desapareció desde allí 8 meses después.
[12] El MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria fue un grupo de izquierda radical extraparlamentaria que creía en la revolución y toma del poder por la vía armada. Durante el régimen militar, tanto sus militantes como los militantes y simpatizantes de partidos que apoyaron el gobierno de Salvador Allende, fueron duramente perseguidos, encarcelados, torturados, ejecutados, desaparecidos forzosamente o exiliados.
[13] En 1975, una resolución especial de las Naciones Unidas encargada de investigar la situación de los derechos humanos en Chile pidió que Osvaldo Romo fuera procesado por crímenes contra la humanidad, “Osvaldo Romo, es el líder de la pandilla de torturadores…Algunos de sus actos, según información recibida por el Grupo de Trabajo, son totalmente inhumanos, atroces y repugnantes. Sacuden hasta lo más profundo la conciencia colectiva de la humanidad”. Después de eso, Romo fue enviado por el régimen de Pinochet a Brasil, donde fue protegido por la dictadura local. Fue arrestado en Brasil en 1992 y extraditado a Chile. Fue condenado, encarcelado y sentenciado a 92 años por cientos de casos que involucraban asesinato, violación y desaparición forzada. Murió en la cárcel.
[14] Colombo fue una operación de la DINA en 1975 destinada a encubrir el asesinato de 119 desaparecidos en un momento en que el gobierno de Pinochet estaba bajo escrutinio por violaciones de derechos humanos por parte de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales.
[15] “Exterminados como Ratones”, La Segunda, 24 de julio, 1975
[16] Cecilia Castro es una de las 119 víctimas de desaparición forzada de la “Operación Colombo”. En marzo de 2023, Miguel Krassnoff y 58 otros agentes de la DINA fueron condenados por el secuestro calificado de Cecilia Castro y otras 15 víctimas de la “Operación Colombo”.
[17] En 1986, el FPMR (Frente Patriótico Manuel Rodríguez), un apéndice militar creado en 1983 por el Partido Comunista de Chile y destinado a resistir militarmente a la dictadura, se involucra en un asalto a una panadería de barrio, derivando en un enfrentamiento con la policía. Como resultado del enfrentamiento, se producen las muertes de un policía, un asaltante y heridos en ambos bandos. Uno de los asaltantes heridos acude a la Vicaría para pedir ayuda diciendo que había sido herido “por casualidad” en un tiroteo, ocultando su participación en el asalto. El hecho, significó una persecución legal implacable en contra de la Vicaría de la Solidaridad por parte de la dictadura.
[18] En 2004, el obispo Valech dirigió la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que creó el Informe Valech I, un registro de las violaciones de derechos humanos durante el régimen militar de Augusto Pinochet. Según el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech I y II), entre 1973 y 1990 más de 40.000 personas fueron torturadas y/o encarceladas por el régimen de Pinochet.
[19] Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech 1 y Comisión Valech 1 (2003-2010), Comisión Valech 2 (2010-2011)
[20] Punta Peuco es un penal donde se encuentran detenidos militares y ex agentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet.
[21] Para más información: “Legados de Intervenciones: Hasta que el mar entregue a sus muertos…”https://clacsberkeley.blog/2023/05/11/legados-de-las-intervenciones-chile/
